Uno de los principales retos de regular un sector como el de las fintech consiste en desarrollar una legislación adaptada a las necesidades de los nuevos agentes del mercado. En España, la Ley 7/2020 para la transformación digital del sistema financiero, denominada Sandbox financiero o regulatorio, entró en vigor el 15 de noviembre del año pasado y convirtió a nuestro país en referente europeo en innovación en este campo, siguiendo la estela de Reino Unido, que aprobó su propio ordenamiento en 2016.
¿Qué es un ‘sandbox’?
Un sandbox es, literalmente, una caja de arena. Dentro del contexto de la economía digital, hace referencia a un mecanismo creado para responder a la necesidad de equiparar la regulación al acelerado ritmo de la innovación.
Así, aplicado al sector tecnofinanciero, se trata de un espacio de pruebas controlado que facilita la puesta en marcha y supervisión de proyectos de innovación tecnológica. En su elaboración en nuestro país ha participado la Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI), en un proceso que comenzó en 2017.
El objetivo de esos proyectos es buscar la mejora en la prestación de los servicios financieros, con unos protocolos de control, y criterios de proporcionalidad e igualdad de trato para las entidades. Es, en definitiva, un marco para ensayar con nuevos modelos de negocio desprotegidos aún por las normas vigentes.
Aquellos proyectos que aspiren a entrar en el Sandbox español deberán cumplir los siguientes requisitos:
- Serán iniciativas innovadoras que encajen en el marco del sistema financiero.
- Deberán estar lo suficientemente avanzadas en su conceptualización para que sean escalables.
- Que aporten un valor añadido, como la reducción de costes o el incremento de la seguridad, por ejemplo.
El paso a paso de un proyecto en el Sandbox español
El Sandbox depende de la Secretaría General del Tesoro, que se encarga de iniciar el sistema de recepción de proyectos enviados por las empresas. Una vez sobre su mesa, son tres los órganos supervisores que se encargan de estudiarlos y evaluarlos en el plazo aproximado de un mes: el Banco de España (BdE), la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
Una vez aprobado, el supervisor y la empresa adjudicataria acordarán el proceso para la puesta en marcha de las pruebas. Estos protocolos serán específicos para cada proyecto y recogerán las reglas y condiciones por las cuales se regirá. Estas incluirán desde aspectos prácticos, como el número de clientes que participarán en el programa piloto, hasta detallar cómo se escalará del espacio de test al régimen de actividad una vez concluya la primera fase de pruebas.
Oportunidades y retos que superar
Según la AEFI, esta herramienta podría llegar a crear cerca de 5.000 nuevos empleos directos en el ecosistema de las fintech en los próximos dos años, y atraer unos 1.000 millones de euros de inversión adicionales.
Sin embargo, esta organización plantea una serie de retos ante los que el Sandbox tendrá que hacer frente para ser plenamente eficiente:
- Una tramitación rápida y una apuesta sin fisuras por el criterio de proporcionalidad y el principio de igualdad de trato para los aspirantes.
- La movilización de recursos necesarios por parte de instituciones públicas y el resto de actores implicados para la correcta puesta en marcha del Sandbox.
- Una implantación que sea ambiciosa para situar a nuestro país como referente en el ámbito de la regulación tecnofinanciera, con el objetivo de atraer y mantener el talento nacional e internacional y evitar su fuga hacia espacios regulados ya definidos en otros territorios.
- Fomentar la colaboración entre todos los agentes de la industria para promover la inversión en fintech, así como para que entidades financieras y de capital riesgo confíen en startups y colaboren con ellas en su desarrollo.
- Hacer extensivo el llamamiento a todas las empresas del sector financiero para que presenten proyectos innovadores.
Primera ronda de proyectos seleccionados
En junio de 2021 se publicaron los 18 proyectos aprobados por la Secretaría General del Tesoro en una primera ronda a la que se presentaron 67 propuestas. Todos los que pasaron este corte inicial están centrados en ámbitos como la facilitación del acceso de las empresas a la financiación, el desarrollo de la identidad digital y de nuevas formas de pago, la disminución de costes mejorando la eficacia en la gestión, y el avance en los procedimientos de prevención del blanqueo de capitales y fraude.
De los admitidos en esta primera convocatoria, el BdE realizará el seguimiento de 10 de ellos, mientras que a los otros dos órganos examinadores les corresponden ocho, cuatro a cada una.
Los objetivos de las iniciativas aceptadas están alineados con los señalados en la Ley 7/2020, y contribuirán a impulsar la transformación digital del sistema financiero, mejorar los servicios a los clientes y la actividad de los supervisores, generando importantes ganancias potenciales para los distintos participantes en esta industria y para el conjunto de la sociedad.
Fotos: Austin Distel / Dylan Gillis
